La casa de la familia Poggi, en Garlasco, un pueblo de la provincia de Pavía a poco más de media hora de Milán, lleva casi diecinueve años funcionando como una obsesión nacional. Allí, la mañana del 13 de agosto de 2007, una graduada en economía de 26 años llamada Chiara Poggi fue asesinada a golpes y abandonada en un charco de sangre sobre la escalera que baja al sótano. Desde entonces, Italia no ha dejado de discutir quién la mató, cómo y por qué. Lo discute en los tribunales, en los estudios de televisión, en los pódcast, en los canales de YouTube y, cada vez más, en una conversación pública que ha convertido el caso en un fenómeno cultural antes que judicial.
Esta semana, esa discusión volvió a sacudirse. Andrea Sempio, un empleado de comercio de 38 años que en la época del crimen era amigo del hermano menor de la víctima, se presentó ante la fiscalía de Pavía como único acusado del asesinato y se acogió a su derecho a no declarar, según informaron sus abogados a la prensa italiana. La fiscalía sostiene ahora que actuó solo y que mató a Poggi porque ella rechazó un acercamiento sexual.
El problema es que por este mismo crimen hay desde 2015 un hombre en la cárcel: Alberto Stasi, que entonces era el novio de la víctima y que fue condenado a dieciséis años de prisión después de haber sido absuelto dos veces. Si la nueva hipótesis se sostiene, Stasi habrá pasado una década encerrado por un asesinato que no cometió.
“Alberto fue condenado en última instancia no tanto por las pruebas, sino por la pregunta de fondo: si no fue él, ¿entonces quién?”, explicó al diario británico The Guardian Giada Bocellari, una de sus abogadas. La frase resume con precisión lo que muchos juristas italianos sostienen desde hace años: que la condena de Stasi se construyó sobre pruebas indiciarias y, sobre todo, sobre la ausencia de un sospechoso alternativo.
La casa de la familia Poggi en Garlasco, escena del crimen. Las investigaciones originales de 2007 son consideradas hoy un manual de errores forenses. (Captura de pantalla/RAI)
Para entender cómo se llegó hasta aquí, conviene volver a las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo. Las investigaciones originales se convirtieron con el paso del tiempo en un manual de errores. Por la casa de los Poggi pasaron, en las primeras horas, veinticinco personas sin las fundas protectoras reglamentarias en los zapatos, lo que después obligó a la fiscalía a secuestrar las veinticinco pares de calzado para descartar pisadas. Buena parte de quienes trabajaron en la escena no llevaban guantes; alguien resbaló en la sangre, otro vomitó, el sofá del salón fue desplazado sobre algunas manchas y el gato de la familia quedó suelto durante todo el operativo, deambulando por las habitaciones.
A esos descuidos se sumaron otros más graves. El cuerpo no fue pesado en la morgue —no había balanza disponible— y eso volvió aproximada la estimación de la hora de la muerte, uno de los puntos más controvertidos de los juicios posteriores. Las huellas dactilares de la propia víctima nunca fueron tomadas, un olvido que obligó a exhumar el cadáver una semana después del crimen, dos días después del funeral. La computadora de Stasi, decisiva para verificar su coartada, fue manipulada por los carabineros antes de hacerse una copia forense: una pericia posterior estableció que se había alterado más del 73% de los archivos visibles.
Stasi, que entonces tenía 24 años y estudiaba en la universidad, fue el primero en encontrar el cuerpo y el primero en ser señalado. Rubio, de ojos celestes, contenido hasta la frialdad ante las cámaras, tenía el physique du rôle del asesino perfecto que la opinión pública italiana parecía estar esperando: la prensa de la época lo bautizó il biondino dagli occhi di ghiaccio, el rubio de ojos de hielo.
Por su parte, los investigadores consideraron desde el inicio que sus zapatos estaban demasiado limpios para alguien que decía haber pisado una casa anegada en sangre. Nunca apareció el arma homicida, ni hubo testigos ni confesión.
Pese a haber sido absuelto en dos instancias, terminó condenado en 2015 a partir de un cúmulo de indicios entre los que pesaron los rastros del ADN de Poggi en las ruedas de una bicicleta familiar.
La fiscalía de Pavía reabrió el caso en marzo de 2025 tras una reevaluación de pruebas ya conocidas. Según reconstruyó el diario italiano Il Post, los nuevos análisis de los rastros genéticos hallados bajo las uñas de la víctima en 2007 arrojaron una probabilidad “moderada” a “fuerte” de compatibilidad con el material genético de Sempio y de sus parientes por línea paterna. Los investigadores también reexaminaron una huella palmar registrada en la pared de la escalera del sótano, a pocos metros del cuerpo, descartada en su momento por considerarse demasiado tenue para hacer cotejos. Las técnicas actuales permitieron encontrar quince puntos de coincidencia con la mano del acusado.
No es la primera vez que Sempio aparece en el expediente. Ya había sido investigado entre 2016 y 2017, en una causa que se archivó por considerarse insuficientes las pruebas. Aquel archivo es hoy, en sí mismo, objeto de una investigación paralela: la fiscalía de Brescia sospecha que el padre del acusado, Giuseppe Sempio, pagó entre 20.000 y 30.000 euros al entonces fiscal adjunto de Pavía, Mario Venditti, para conseguir el archivo de la causa. La hipótesis surgió de una nota manuscrita encontrada en la casa familiar en la que figuraban la cifra, el apellido del fiscal y la frase “gip archivia” —en referencia al juez que firma los archivos—. Ambos están imputados por corrupción en actos judiciales y niegan los cargos.
La novedad que precipitó la convocatoria a declarar fue revelada esta semana por el diario Corriere della Sera. En abril de 2025, un micrófono colocado por los investigadores en el coche de Sempio captó un soliloquio en el que el acusado habría hecho referencia a un video íntimo de la víctima guardado en una memoria USB, un detalle que —según la fiscalía— solo podía conocer alguien que efectivamente lo hubiera visto, dado que Poggi había copiado y luego borrado esos archivos. En la grabación, Sempio imita una voz femenina y reconstruye un supuesto diálogo en el que habría intentado un acercamiento a la víctima en los días previos al crimen y habría sido rechazado. La versión contradice lo que el acusado sostuvo durante años, que era haber llamado a casa de los Poggi por error, buscando a su amigo Marco, el hermano de Chiara. Sus abogados afirmaron que Sempio “está en condiciones de explicar” las grabaciones una vez que pueda escucharlas en contexto.
Mientras tanto, el caso domina la conversación pública italiana de un modo que excede largamente lo judicial. Pódcast y canales de YouTube dedicados a la crónica negra superan en muchos casos en repercusión a los medios tradicionales y, en ocasiones, recibieron directamente filtraciones de fuentes que antes hubieran ido a un periódico. La familia de la víctima, paradójicamente, se opone a la reapertura del juicio: sostiene que la justicia ya identificó al culpable. En octubre pasado, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, generó polémica al sostener que en causas tan antiguas “habría que tener el coraje de rendirse”, porque “es dificilísimo, después de diez, veinte, treinta años, reconstruir una verdad judicial”.
Stasi, mientras tanto, lleva una década en prisión. Desde abril de 2025 cumple su condena en régimen de semilibertad, lo que le permite salir a trabajar durante el día y volver a la celda por la noche. La pregunta que Italia se hace estos días no es ya cuándo saldrá de la cárcel, sino con qué nombre.
por INFOBAE