El Poder Judicial del país otorgó beneficios procesales a un grupo de 51 ciudadanos que permanecían privados de libertad por delitos contra la institucionalidad. Esta decisión se tomó luego de una solicitud formal del Ministerio Público, enmarcada en el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz que impulsa el Gobierno nacional.
A través de un comunicado, el Gobierno bolivariano informó que la medida favorece a sujetos procesados o condenados por su participación en diversos atentados contra la estabilidad y el desarrollo de la República.
El pasado jueves 16 de abril, los tribunales competentes recibieron los requerimientos fiscales y procedieron a ejecutar las boletas de excarcelación de forma inmediata.
Dicha acción jurídica busca fortalecer el tejido social y generar condiciones óptimas para el reencuentro entre todos los sectores de la nación.
Las autoridades estatales subrayaron que el otorgamiento de estas alternativas legales resulta indispensable para preservar la soberanía y consolidar la armonía en el territorio venezolano.
El Ejecutivo nacional ratificó que continuará evaluando casos similares bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
Con esta política de pacificación, el Estado reafirma su voluntad de sanar las tensiones políticas mediante el uso de herramientas constitucionales que favorezcan la paz ciudadana.
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