La defensora del pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, se comprometió a revisar las denuncias de sindicalistas y familiares de presos políticos, así como visitar las cárceles del país, tras recibir a representantes gremiales que protestaron el lunes frente al organismo.
En una nota de prensa difundida este jueves, la Defensoría del Pueblo afirmó que González Lobato se comprometió a «revisar las demandas» presentadas por los sindicalistas y también a «organizar visitas de inspección» en las cárceles para «verificar las condiciones de reclusión».
Añadió que la funcionaria también expresó interés en «servir como enlace estratégico» ante las autoridades del Estado venezolano y «trabajar por el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad».
«Trabajaremos en establecer los enlaces necesarios con el resto de las instituciones del Estado y privadas para avanzar en las respuestas en materia de protección de los derechos ciudadanos», expresó la defensora, según la nota de prensa.
Denuncias de torturas
Familiares y activistas de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunciaron el miércoles ante el Ministerio Público las torturas que, aseguraron, han recibido estos detenidos en cárceles de Venezuela.
La activista Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, dijo a la prensa que siguen sin recibir «respuesta oportuna» de la represión registrada la semana pasada en la cárcel Rodeo I, a las afueras de Caracas, donde una protesta de detenidos extranjeros terminó entre gases y maltratos, según denunciaron familiares.
El lunes, representantes sindicales y gremiales pidieron a la Defensoría del Pueblo investigar al nuevo fiscal, Larry Devoe, por «criminalizar» el derecho a la protesta, luego de que la policía reprimió la semana pasada una marcha en la que reclamaron aumento de salario mínimo, congelado desde 2022.
La mandataria encargada anunció la semana pasada que hará un aumento de salario mínimo -que se mantiene en 130 bolívares, equivalentes a 27 centavos de dólar- el próximo primero de mayo, pero aclaró que sería un ajuste «responsable», sin precisar el monto ni las condiciones.