El Ministerio de Trabajo inicia un nuevo frente de negociación con los agentes sociales. Y en el centro de la agenda un tema recurrente: la revisión del sistema de compensación económica que se aplica cuando un despido se declara improcedente.
La medida tiene como objetivo adaptar la legislación española a los dictámenes europeos y permitir que los jueces puedan tener en cuenta circunstancias personales y laborales del trabajador para fijar una cuantía más ajustada a cada caso.
Sin embargo, mientras se preparan estas reuniones, los tribunales ya están marcando su propio camino. Y es que, en lo que va de año, las sentencias están incrementando de manera notable las indemnizaciones reconocidas, con una subida media del 9,3% respecto a 2024.
Los tribunales ya están incrementando las compensaciones
Según los datos recopilados entre enero y junio, los juzgados españoles han resuelto más de 16.000 litigios individuales por despido improcedente. La cuantía media de las indemnizaciones se ha situado en 11.443 euros, frente a los 10.470 del mismo periodo del año anterior.
Aunque la cifra global se mantiene similar a la de 2023, los incrementos regionales son llamativos: Cantabria y Navarra lideran el repunte con un 41% de subida, seguidas por Asturias, con un 33%.
Estas variaciones responden al perfil del trabajador afectado y al tipo de empresa implicada. Los jueces valoran cada caso en función del salario y la antigüedad, lo que genera importantes diferencias entre territorios y sectores.
Sin embargo, lo que parece evidente es que los tribunales están aplicando una interpretación más amplia del concepto de daño, pese a que el Tribunal Supremo cerró el pasado julio la posibilidad de reconocer compensaciones adicionales al margen de las ya establecidas por ley.
El papel del Tribunal Supremo y el impulso de la Carta Social Europea
La sentencia del alto tribunal español se apoyó en la interpretación previa de la Carta Social Europea y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirmando que la legislación actual —33 días por año trabajado, con un máximo de dos anualidades— se ajusta a la normativa vigente.
No obstante, el Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa, ha manifestado que el sistema español podría ser insuficiente para garantizar una reparación “proporcionada y disuasoria”.
A partir de este dictamen, CCOO y UGT presentaron sendas demandas en Bruselas reclamando un cambio de criterio.
El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, considera que la reforma debe reflejar estos argumentos, de manera que los jueces puedan ponderar factores como la edad, las cargas familiares, la necesidad de mudarse o las dificultades para reincorporarse al mercado laboral. El objetivo es dar cumplimiento a las exigencias europeas sin poner en riesgo la seguridad jurídica.
Las propuestas sindicales y el debate sobre los salarios de tramitación
Los sindicatos acuden a la mesa de diálogo con una posición conjunta en construcción.
Entre sus principales demandas figura la recuperación de los salarios de tramitación, es decir, las nóminas que el trabajador habría cobrado desde el momento del despido hasta la resolución judicial o su reincorporación al empleo.
Actualmente, esta figura solo se aplica en los casos en que la empresa opta por readmitir al empleado o cuando el despido se declara nulo.
Tanto CCOO como UGT sostienen que esta medida podría tener un efecto compensatorio suficiente sin necesidad de incrementar los días por año trabajado.
Sin embargo, reconocen que el retraso que acumulan los juzgados —en algunos casos de más de seis meses— podría aumentar significativamente la factura final del despido.
Además, los sindicatos proponen introducir una indemnización mínima garantizada, para proteger a los empleados con poca antigüedad. En sus documentos internos, CCOO habla de un mínimo equivalente a tres meses de salario, mientras que UGT eleva la cifra a seis.
CEOE advierte del riesgo para la seguridad jurídica
Del lado empresarial, la CEOE ha dejado clara su oposición a cualquier intento de modificar el actual sistema de indemnización. La patronal, considera que eliminar el carácter tasado del despido supondría “reabrir la reforma laboral de 2021”, un acuerdo al que los empresarios se sumaron con la condición de mantener intacta la regulación sobre las compensaciones.
Los empresarios sostienen que una modificación de este tipo aumentaría la inseguridad jurídica y podría disuadir la contratación, especialmente en pequeñas y medianas empresas que necesitan prever con claridad el coste del despido antes de asumir nuevas incorporaciones.
Además, temen que el nuevo modelo derive en una mayor judicialización de las relaciones laborales, al dejar en manos de los jueces la valoración de circunstancias personales.
Como siempre: escenario político dividido
En el plano parlamentario, las posibilidades de consenso son limitadas. A finales de septiembre, Sumar presentó una proposición no de ley para medir el respaldo de la Cámara a la iniciativa. El PP, Vox y el PN votaron en contra, mientras que Junts optó por abstenerse. Solo el PNV mostró disposición a debatir la reforma.
Esta aritmética complica la aprobación de cualquier cambio normativo profundo, aunque el Ministerio de Trabajo no descarta avanzar por la vía del diálogo social y dejar el texto listo antes del final de la legislatura.