España se enfrenta a una paradoja tremendamente silenciosa: mientras el debate político se endurece en torno a la inmigración, los datos económicos revelan que el futuro del país depende, en gran medida, de quienes llegan desde fuera.
Las proyecciones demográficas y fiscales indican que, sin un flujo constante de nuevos trabajadores extranjeros, el sistema de pensiones y la sostenibilidad del Estado del bienestar podrían verse comprometidos en las próximas décadas.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), España necesitará incorporar más de un millón de migrantes al año para garantizar el equilibrio financiero de las pensiones. Actualmente, el país recibe en torno a 400.000 nuevos residentes extranjeros anuales, una cifra muy por debajo del umbral necesario.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, advierte de que alcanzar ese ritmo de llegada será “bastante difícil”, pero esencial para compensar el envejecimiento de la población y mantener activa la economía.
Un sistema que depende de la migración
El gasto en pensiones representa en torno al 14,6 % del PIB y, según las proyecciones, se mantendrá en ese nivel promedio hasta 2050. Aunque la AIReF considera que las pensiones son sostenibles a corto plazo, alerta de que la base del sistema se debilita ante la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.
En 2024, España registró su mínimo histórico de nacimientos —menos de 320.000—, mientras que el número de jubilados crece cada año.
En este contexto, los migrantes aportan una solución estructural: contribuyen a la Seguridad Social, sostienen sectores clave y rejuvenecen la fuerza laboral.
La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subraya que “la sostenibilidad está garantizada” gracias a las últimas reformas, pero los expertos coinciden en que sin una política migratoria estable, el equilibrio será difícil de mantener.
La población activa española se ha mantenido gracias a la inmigración. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que, sin la llegada de nuevos trabajadores extranjeros,
España perdería más de tres millones de empleados en los próximos 20 años. Actualmente, más del 12 % de los afiliados a la Seguridad Social son de origen extranjero, una cifra que podría duplicarse si el país quiere mantener la proporción de cotizantes frente a pensionistas.
La economía española y su dependencia del talento extranjero
Más allá de las cifras, la inmigración se ha convertido en una herramienta esencial para sostener el crecimiento económico. En sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería o los cuidados, la mano de obra extranjera representa una parte fundamental del tejido productivo.
Pero el desafío ya no se limita a cubrir puestos de baja cualificación: España necesita también profesionales tecnológicos, sanitarios e ingenieros, ámbitos donde la escasez de talento nacional es cada vez más acuciante.
Según un informe de CEOE y Randstad Research, el 64% de las empresas españolas tiene dificultades para encontrar personal cualificado. En regiones como Madrid o Cataluña, los migrantes representan más del 30 % de los trabajadores en sectores tecnológicos emergentes, un dato que refleja cómo su aportación es clave no solo en volumen, sino también en especialización.
A pesar de ello, el discurso político dominante sigue centrado en restringir la inmigración, una estrategia que los analistas califican de cortoplacista.
Mientras algunos gobiernos europeos debaten sobre cuotas o cierres de fronteras, los organismos económicos alertan de que la falta de migración activa puede tener un coste social y financiero muy superior al que se pretende evitar.
La AIReF advierte de un futuro incierto
El informe más reciente de la AIReF apunta a que, aunque el sistema de pensiones ha superado “su primer examen con éxito”, las tensiones demográficas no se han resuelto. Herrero advierte de que será necesario “hacer ajustes” en los próximos años para garantizar la estabilidad del sistema.
La clave, según el organismo, está en integrar la migración como parte del marco fiscal y laboral del país, en lugar de tratarla como una variable coyuntural.
La presidenta del organismo fiscal recuerda que “es perfectamente posible cumplir con la regla de gasto y, al mismo tiempo, que la dinámica del sistema se deteriore”. Su advertencia refleja una realidad preocupante: sin nuevas medidas estructurales y una política migratoria coherente, los esfuerzos actuales podrían no ser suficientes para sostener el sistema más allá de 2040.
Una cuestión de sostenibilidad y sociedad
La llegada de migrantes no solo tiene un impacto económico; también transforma el tejido social. En los últimos diez años, España ha pasado de tener 4,5 a más de 6 millones de residentes extranjeros.
Su integración en la vida cotidiana, el mercado laboral y los sistemas educativos ha contribuido a frenar el declive demográfico y a diversificar la economía.
Los expertos destacan que la inmigración bien gestionada es una oportunidad para revitalizar regiones despobladas y cubrir vacantes en zonas rurales, donde la falta de trabajadores ha puesto en riesgo actividades tradicionales.
En provincias como Huesca, Cuenca o Zamora, los migrantes ya representan más del 10% de la población activa, ayudando a mantener abiertos servicios esenciales.
Mientras algunos líderes políticos continúan presentando la inmigración como una amenaza, la realidad demuestra que es uno de los pilares sobre los que se sostiene el presente y el futuro de España.