En España, ser trabajador por cuenta propia nunca ha sido tarea sencilla. A las largas jornadas, la incertidumbre económica y la falta de protección social se suma ahora un nuevo desafío: el modelo de cotización basado en los ingresos reales.
Lo que en teoría buscaba equilibrar el sistema y hacerlo más justo, ha terminado por generar un profundo malestar entre quienes ya sostenían con esfuerzo su actividad diaria.
La reciente propuesta del Gobierno de aumentar las cuotas mensuales entre 11 y 206 euros a partir de 2026, anunciada por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha encendido las alarmas en el colectivo.
Lejos de aliviar la situación, los autónomos temen que este nuevo ajuste se traduzca en un aumento del coste estructural que comprometa la viabilidad de miles de pequeños negocios y profesionales.
Un modelo que prometía justicia, pero genera desigualdad
Cuando el Ejecutivo aprobó el sistema de cotización por ingresos reales, lo presentó como una fórmula más equitativa. La idea era que quienes ganasen más contribuyeran en mayor medida, y quienes tuvieran ingresos más bajos, pagasen menos. Sin embargo, la práctica ha mostrado que la ecuación no es tan simple.
Según el II Informe de Pymes y Autónomos en España 2025, elaborado por Hiscox, un 33% de los autónomos afirma haberse visto perjudicado por el nuevo modelo.
De ese grupo, el 66% identifica el aumento de la cuota como la principal causa de impacto negativo, acompañada de un incremento general de los gastos y la presión fiscal. Este porcentaje equivale a cientos de miles de profesionales que, lejos de beneficiarse de la reforma, han visto reducida su capacidad de ahorro e inversión.
El mismo estudio revela que un 60% de los autónomos no percibe cambios significativos en su negocio desde la entrada en vigor de la medida, mientras que el resto ha experimentado una clara pérdida de rentabilidad. En muchos casos, la nueva forma de cotizar ha absorbido los pequeños márgenes de beneficio que permitían sostener actividades familiares o proyectos emergentes.
Las cuotas y el entorno económico asfixian al pequeño negocio
La preocupación no se centra únicamente en la subida de las cuotas. Los trabajadores por cuenta propia operan en un contexto de tipos de interés elevados y una inflación que encarece insumos, alquileres y suministros.
Dicho informe apunta que el 34% de pymes y autónomos ha visto condicionadas sus decisiones de inversión o financiación por el actual contexto económico, lo que agrava la dificultad para mantener liquidez y competitividad.
En España existen 2,9 millones de pymes, de las cuales el 54,6% no tiene asalariados y el 45,2% emplea a otras personas. La mayoría pertenece al grupo de microempresas —aquellas con menos de 10 empleados— que representan el 38,6% del total.
Son precisamente estos pequeños actores los más vulnerables ante cualquier incremento de cargas sociales. Un aumento de apenas unas decenas de euros mensuales puede marcar la diferencia entre continuar operando o cerrar definitivamente.
Rechazo y desconfianza en el sector
Las asociaciones de autónomos han expresado abiertamente su rechazo a la propuesta de Elma Saiz. Alegan que el sistema aún no ha demostrado ser eficiente ni justo y que las sucesivas subidas solo agravan el problema. Desde ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) señalan que la medida podría “ahogar aún más a quienes ya trabajan en el límite de la rentabilidad”.
El malestar no se debe solo a la magnitud de la subida, sino también a la inseguridad regulatoria que genera.
En apenas dos años, el colectivo ha tenido que adaptarse a los 15 tramos de cotización y a una nueva forma de declarar ingresos. Ahora se plantea una segunda modificación sin que la primera haya consolidado resultados. La incertidumbre sobre futuras reformas añade un componente psicológico que influye directamente en la confianza empresarial.
Impacto directo en la sostenibilidad y la innovación
La reducción del beneficio neto no solo afecta a la economía personal de los autónomos, sino también a la capacidad de reinversión en sus negocios.
Los expertos advierten que las subidas continuas pueden frenar la adopción de tecnologías y la implementación de medidas sostenibles. El informe de Hiscox señala que únicamente el 24% de las pymes y autónomos ha incorporado prácticas sostenibles y un 17% planea hacerlo a corto plazo. Sin recursos disponibles, estos porcentajes podrían disminuir.
Por otra parte, el acceso a los Fondos NextGeneration sigue siendo limitado. Solo el 18% de los encuestados afirma haber accedido a estos fondos europeos, mientras que un 73% reconoce no haberlos solicitado.
En este contexto, las ayudas no compensan el aumento de las obligaciones contributivas, lo que deja a una gran parte del tejido productivo sin apoyo real para modernizarse o mejorar su competitividad.
El desafío de mantener la actividad en tiempos inciertos
La sensación general entre los autónomos es de desgaste. Tras años de pandemia, inflación y reformas fiscales, el panorama actual se percibe como una nueva vuelta de tuerca. Muchos profesionales advierten que, de mantenerse esta tendencia, se producirá un descenso en el número de altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que en los primeros ocho meses de 2025 se registró una caída del 2,1% en las nuevas afiliaciones, tendencia que podría acelerarse si la subida prevista para 2026 entra en vigor. En paralelo, las bajas aumentaron un 3,4%, reflejo de un descontento creciente con un sistema que se percibe más punitivo que protector.
En un país donde los autónomos representan cerca del 16% del empleo total, su fragilidad repercute directamente en la economía nacional. Si la política contributiva no se ajusta a las realidades de cada sector y nivel de ingreso, el riesgo de pérdida de tejido productivo será inevitable.
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