La economía irregular sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del mercado laboral español. Aunque las cifras continúan siendo elevadas, los últimos datos publicados por la Inspección de Trabajo muestran un descenso respecto a ejercicios anteriores.
La tendencia, aunque moderada, apunta a una mejora en la detección de fraudes y una mayor conciencia empresarial sobre la importancia de mantener el empleo dentro de la legalidad.
Durante 2024 se registraron más de 278.000 actuaciones destinadas a controlar el alta obligatoria en la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena y autónomos.
Estos esfuerzos permitieron aflorar casi 93.000 empleos ocultos, una cifra que, pese a su magnitud, representa un ligero retroceso frente a los años de mayor incidencia.
Un control más exhaustivo y resultados palpables
El trabajo de la Inspección se tradujo en 33.186 infracciones detectadas, equivalentes al 57% de las irregularidades en materia de Seguridad Social. Las campañas de verificación y las denuncias anónimas ayudaron a descubrir situaciones de empleo no declarado y a regularizar a miles de trabajadores que carecían de protección.
Fruto de estas actuaciones se tramitaron 56.106 altas en la Seguridad Social, lo que supuso una recaudación superior a los 157 millones de euros. Dentro de ese volumen, se identificaron 48.652 faltas de alta, 7.234 falsos autónomos y 220 falsos becarios.
Aunque el número de falsos autónomos descendió drásticamente respecto a 2022 —año en que se alcanzó el récord con más de 39.000 regularizaciones—, sigue siendo un fenómeno relevante, especialmente en sectores donde la subcontratación y la externalización son frecuentes.
El papel de la Inspección y el impacto de la tecnología
La labor de los inspectores se apoya cada vez más en herramientas digitales y en el uso de inteligencia artificial para el cruce de datos. Los algoritmos permiten detectar patrones sospechosos en nóminas, horarios o cotizaciones que no se corresponden con la realidad del trabajo prestado.
Este enfoque predictivo ha permitido optimizar las actuaciones y mejorar su eficacia sin necesidad de aumentar los recursos humanos.
El uso de plataformas compartidas entre administraciones ha sido fundamental para descubrir empresas que operan fuera del marco legal o que declaran jornadas inferiores a las reales.
Este tipo de análisis permite anticiparse al fraude y concentrar las inspecciones en los puntos donde la probabilidad de irregularidad es mayor.
Falsos autónomos y becarios, un problema que persiste
Aunque las cifras bajan, los falsos autónomos siguen representando un desafío para la economía formal. Se trata de trabajadores por cuenta propia que, en la práctica, actúan bajo dependencia y control directo de una empresa, sin asumir riesgos ni disponer de medios propios.
La Inspección define estos casos como una “relación laboral encubierta” y ha incrementado la vigilancia sobre plataformas digitales y servicios de reparto, sectores donde esta práctica se ha extendido con fuerza en los últimos años.
También se mantiene la atención sobre los falsos becarios, una modalidad fraudulenta en la que se utilizan convenios formativos para cubrir puestos de trabajo reales. En 2024 se realizaron más de 800 actuaciones relacionadas con este tipo de fraude, que derivaron en 187 regularizaciones laborales y en la imposición de sanciones a las empresas implicadas.
La hostelería es el sector con más irregularidades
El sector de hostelería vuelve a situarse en el centro de las actuaciones inspectoras. En 2024 concentró el 34,6% de las inspecciones relacionadas con trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar, con 6.377 actuaciones y 4.436 infracciones. El volumen de sanciones propuestas superó los 124 millones de euros.
Le siguen la construcción, con un 14,8% de las actuaciones; el comercio, con un 13,2%; y la agricultura y ganadería, con un 10,3%. La eficacia de las inspecciones en estos sectores oscila entre el 70% y el 90%, lo que demuestra que el trabajo irregular sigue siendo una práctica extendida, especialmente en actividades estacionales o con alta rotación de personal.
La alta temporalidad, la presión sobre los márgenes de beneficio y la dependencia del turismo explican que la hostelería lidere las estadísticas. La combinación de empleo extranjero y picos de demanda favorece, en algunos casos, la contratación sin regularización formal.
La economía sumergida, un reto estructural
Los expertos estiman que el conjunto de la economía sumergida en España podría representar en torno al 17% del PIB, una cifra que evidencia el impacto económico del trabajo no declarado.
Aunque las inspecciones consiguen aflorar miles de empleos cada año, la magnitud del fenómeno supera con creces los casos detectados.
La reducción registrada en 2024 supone, no obstante, una buena noticia. Significa que las medidas de control, la colaboración interinstitucional y la digitalización de los procesos de inspección están funcionando. Además, la creación de conciencia social y el refuerzo de los derechos laborales ayudan a que menos trabajadores acepten empleos sin contrato o sin cotización.