En marzo de 2020, cuando la crisis sanitaria del Covid-19 paralizó la economía, el Gobierno español puso en marcha los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor.
Estas medidas extraordinarias permitieron a miles de empresas suspender contratos sin despedir a sus trabajadores, mientras el Estado asumía el coste de las prestaciones por desempleo y exoneraba del pago de cotizaciones sociales.
La magnitud de esta política fue histórica: más de 558.000 compañías se acogieron a los llamados ERTE-Covid, beneficiando a 4,15 millones de empleados en el momento más crítico de la pandemia.
En cifras globales, el gasto público superó los 25.000 millones de euros, con 18.272 millones destinados a prestaciones y otros 7.964 millones a exoneraciones de cuotas. Su impacto inmediato fue evidente, alcanzando al 22% del empleo asalariado y al 40% de las empresas con plantilla.
Un salvavidas con efectos colaterales
El éxito inicial de los ERTE no ha evitado que ahora surjan dudas sobre su gestión. La urgencia con la que se implementaron y la presión de un contexto de parálisis total obligaron a las autoridades a agilizar procedimientos, reduciendo controles y priorizando la rapidez sobre la verificación.
El Tribunal de Cuentas ha recordado que sí, que ese esfuerzo tuvo un impacto notable, pero también dejó un rastro de deficiencias.
Entre los problemas detectados figuran resoluciones contradictorias, autorizaciones concedidas por órganos no competentes, expedientes duplicados y falta de coordinación entre las autoridades laborales.
La fiscalización del organismo de control, que abarca de marzo de 2020 a marzo de 2022, refleja cómo la saturación administrativa generó fallos estructurales en la gestión de los ERTE por fuerza mayor.
Irregularidades en exoneraciones y prestaciones
Los resultados del informe son significativos: se han encontrado indicios de incumplimiento en exoneraciones de cuotas que podrían afectar a 278.757 empresas y 1,7 millones de trabajadores.
Estas irregularidades se vinculan en muchos casos a diferencias en los días cotizados o a prácticas no permitidas como el reparto de beneficios.
Además, persisten situaciones anómalas en 10.896 beneficiarios de prestaciones por desempleo, por un importe de 25,4 millones de euros, cuyas actividades no fueron notificadas a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Aunque buena parte de las prestaciones indebidamente percibidas ya se ha regularizado, todavía quedan casos pendientes que el Tribunal considera relevantes.
Cargas para la administración y el SEPE
El Servicio Público de Empleo Estatal fue uno de los organismos más exigidos en esos meses. Con recursos humanos limitados y sistemas informáticos sin preparación para un volumen de trabajo tan elevado, el SEPE tuvo que recurrir a su propio remanente para cubrir prestaciones, desembolsando 13.535 millones de euros mientras esperaba la llegada de fondos europeos que nunca recibió directamente.
El Tribunal de Cuentas subraya que la falta de medios adecuados, tanto técnicos como personales, provocó que los controles fueran insuficientes. El organismo advierte que, a 16 de mayo de 2024, aún permanecían inactivas 154.000 empresas que en su momento se beneficiaron de los ERTE, y solo un 62% de los trabajadores había retornado a su puesto original.
La oposición ataca
Las conclusiones del informe han tenido eco en el plano político. El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que explique en el Congreso las deficiencias detectadas.
Aunque se trata de una petición concreta, el debate trasciende el plano partidista: el objetivo es aclarar cómo se gestionaron unos recursos públicos de enorme magnitud y qué medidas pueden adoptarse para evitar errores similares en el futuro.
El Tribunal, por su parte, reconoce la dificultad del momento en que se tramitaron los expedientes, pero insiste en que es necesario mejorar los mecanismos de control y coordinación entre autoridades para futuras situaciones de emergencia.
Se pueden hacer mejor las cosas
Los expertos coinciden. Entre las recomendaciones planteadas se encuentra la informatización completa de la tramitación de los ERTE, así como el establecimiento de un protocolo de intercambio de datos entre las autoridades laborales. Estas mejoras permitirían garantizar mayor eficiencia y seguridad jurídica en caso de que se vuelvan a activar medidas de similar envergadura.
El análisis también apunta a la importancia de reforzar la plantilla de organismos clave como el SEPE y la Tesorería General de la Seguridad Social. Con más medios y procesos modernizados, las probabilidades de que se repitan resoluciones duplicadas o incongruentes disminuirían notablemente.